El Gobierno tomó como base un proyecto presentado por la diputada Romina Diez, que contempla cambios en vacaciones, indemnizaciones, convenios colectivos y salarios en especie. La Casa Rosada busca formalizar a ocho millones de trabajadores informales.
El presidente Javier Milei confirmó que la reforma laboral será una de las prioridades de la nueva etapa de su gestión. La iniciativa se apoya en un proyecto de la diputada Romina Diez y retoma artículos del capítulo laboral del DNU 70/23, hoy suspendido por la Justicia. Según el oficialismo, la medida apunta a formalizar a unos ocho millones de trabajadores informales como paso previo a una reforma tributaria.
El texto propone ampliar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, habilitar el fraccionamiento de vacaciones y permitir a las pymes pagar indemnizaciones en hasta 12 cuotas. Además, abre la puerta a la flexibilización de convenios con sistemas de banco de horas y retoma la posibilidad de pagar parte del salario en especie mediante ticket canasta. También prevé incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas con el fin de estimular nuevas contrataciones.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, uno de los redactores del capítulo laboral del DNU 70/23 y ex asesor del Grupo Techint, impulsa otras modificaciones: limitar la obligatoriedad de los aportes sindicales, revisar la ultraactividad de los convenios y redefinir la negociación paritaria bajo un esquema “por productividad y por empresa”. La estrategia del Gobierno es incorporar las propuestas que surjan del Consejo de Mayo y llevar el debate al Congreso con el objetivo de instalar un nuevo régimen laboral.
